Pena de muerte en los Estados Unidos: ¿Crímenes perfectos?

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Clayton Lockett. Créditos: http://www.huffingtonpost.es

El 29 de abril de 2014, Clayton Lockett, condenado a muerte  por violación y asesinato en el estado de Oklahoma (Estados Unidos), falleció de un ataque al corazón masivo, mientras estaba atado a la camilla donde intentaban acabar con su vida después de que se suspendiese su ejecución porque ―como él mismo balbuceó― «algo no andaba bien». Sí, Clayton Lockett vivió durante 43 minutos después de que se le inyectase el primer fármaco de los tres que componen el protocolo para acabar con la vida de alguien mediante la inyección letal. Paradójicamente, aquella era la primera vez que el estado de Oklahoma usaba en la ejecución de un reo el fármaco conocido como midazolam, un sedante que se vende bajo la marca comercial de Versed y que ahora sustituye a la anestesia con pentotal sódico, requerida según el protocolo de la pena de muerte. Adam Leathers, codirector de la Coalición para Abolir la Pena de Muerte de Oklahoma, acusó al gobierno estatal de haber «torturado a un ser humano en un acto malévolo experimental e anticonstitucional».

Ante la polémica suscitada por la ejecución fallida de Lockett, la gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, ordenó una investigación de los hechos y suspendió las ejecuciones durante las próximas dos semanas, además de exigir la investigación sobre la dosis de las drogas inyectadas. Barack Obama, presidente de los Estados Unidos, calificó la ejecución de Lockett de «inhumana» y «profundamente preocupante»; anunció que solicitaría al secretario de Justicia analizar los problemas que rodean la aplicación de la pena de muerte en su país. La Organización de las Naciones Unidas criticó a Estados Unidos por el sufrimiento que padeció el condenado a muerte.

Cuatro meses después de su muerte, el Departamento de Seguridad Pública de Oklahoma determinó que «la viabilidad del punto de acceso de la vía intravenosa fue el mayor factor único que contribuyó a la dificultad a la hora de administrar los fármacos en la ejecución». La autopsia también detectó una gran concentración de midazolam en el tejido contiguo a donde se colocó la vía. Por tanto, «el acceso intravenoso no era viable» cuando se inyectó el fármaco. Una serie de críticas ha vuelto a colocar en agenda el debate nacional sobre el protocolo de la pena de muerte y la existencia de ésta, como forma de castigo en Estados Unidos.

CADENA DE NEGLIGENCIAS REABRE EL TEMA

Estados Unidos es el quinto país con más ejecuciones en el mundo. La pena capital existe en 31 de 50 estados del país. Aquello no quiere decir que todos ellos lo apliquen, sino que algunos aún la mantienen porque no la han derogado. Durante el año 2013, solo se realizaron 39 ejecuciones, una de las cifras más bajas desde 1976, año en el que se reinstauró la pena de muerte en Estados Unidos. En el año 2014, fueron 35; y para el 2015, 28. Sin embargo, según datos de Amnistía Internacional, a nivel mundial, 2015 fue el año en el que se registraron mayores ejecuciones: la cifra aumentó un 54%. Se ejecutaron 573 personas más que en el año 2014: 1 634 personas ejecutadas en 25 países. No obstante, la abolición de la pena de muerte ha ido en aumento: 102 países, que es la mitad del mundo, no la permiten.

Según el Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), el descenso de ejecutados en Estados Unidos se ha debido a la postura de las farmacéuticas estadounidenses y europeas, que han cortado el suministro de sus medicamentos para el uso en inyecciones letales en cárceles norteamericanas. Al mismo tiempo, la Comisión Europea, prohibió la exportación de determinados medicamentos fabricados en Europa con destino a las prisiones norteamericanas. La inyección letal está validada en 18 estados de Estados Unidos. Y los centros penitenciarios norteamericanos empezaron a quedarse sin pentotal sódico, el anestésico que se usaba en las penas capitales para dormir al reo antes de inyectarle en vena las otras dos sustancias que acabaran con su vida (el bromuro de pancuronio, que paraliza todos los músculos ―excepto el corazón― y corta la respiración, y el cloruro de potasio, que detiene el corazón, provocando, ya sí, la muerte).

Debido a la falta de fabricantes que deseen elaborarlos, las prisiones norteamericanas se han visto obligadas a encontrar nuevos fármacos, que no han sido tan eficaces.  El 15 de septiembre de 2009, Romell Broom, condenado a muerte en Ohio, sufrió de 18 pinchazos fallidos a lo largo de tres horas. La ejecución tuvo que ser suspendida; el reo sobrevivió.

Una de las últimas ejecuciones que generó controversia antes de Lockett ocurrió el 16 de enero de 2014, fecha en la que el estado de Ohio ejecutó a Dennis McGuire con una nueva combinación de fármacos a causa de la escasez de fármacos como el pentobarbital. Se usó una combinación de midazolam —un sedante— e hidromorfona, un analgésico, según el Departamento de Correcciones del Estado. De acuerdo con el testigo, Alan Johnson, del diario Columbus Dispatch, el proceso de ejecución llevó 24 minutos y al parecer McGuire luchó por respirar entre 10 y 13 minutos.

Para los activistas en contra de la pena de muerte, la probable inconstitucionalidad en los protocolos que aplican la pena de muerte ―básicamente, las inyecciones letales― se encuentra en el hecho de que viola la Octava Enmienda de la Constitución estadounidense. Ésta prohíbe castigos crueles e inhumanos. Solo se garantizaría este derecho si se aporta la información requerida para asegurar que una ejecución no constituya una tortura. Sin embargo, las prisiones norteamericanas no han sido transparentes para explicar cómo hacen para conseguir los ingredientes para las inyecciones letales.

Además de la dificultad en el protocolo de las inyecciones letales, otro de los elementos que ha permitido abrir un debate sobre la vigencia de la pena de muerte en Estados Unidos es el número de reos condenados a pena de muerte que han sido absueltos. Desde 1976 hasta 2015, 152 personas han sido liberadas del corredor de la muerte. Una liberación que causó controversia ocurrió en marzo de 2014. Se trató de un afroamericano llamado Glenn Ford, quien fue soltado de la prisión de Angola, en la que permaneció 30 años. La condena se había dado, pese a que la investigación carecía de testigos oculares, el arma del crimen estaba desaparecida y la única testigo mantenía una relación con otro de los sospechosos y había admitido que mintió al jurado. El jurado que lo condenó era en su totalidad gente «blanca».

Amnistía Internacional declaró que Ford es una «prueba viviente de cuán erróneo es nuestro sistema de justicia». Otra ejecución que también fue considerada un «error del sistema de justicia que avala la pena de muerte» fue la ejecución del ciudadano Edgar Tamayo Arias, llevada en enero de 2014. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos lamentó dicha ejecución y afirmó que se trató de una violación del derecho internacional. Tamayo Arias había sido sentenciado a muerte por el homicidio de un policía en Texas en 1994. El destino del señor Tamayo fue decidido por una junta directiva que se negó a hacer un análisis de la evidencia de que tenía retraso mental, y de que su juicio fue injusto como consecuencia de la violación de sus derechos consulares.

En medio de este contexto, CNN y ORC efectuaron una encuesta a principios de 2014, en la que el 50% de los estadounidenses expresó que la pena para el homicidio debería ser la muerte, mientras que un 45% señaló que debería ser cadena perpetua. El margen de error de la muestra generó un empate estadístico. Al mismo tiempo, el 56% de los hombres respaldaron la pena de muerte y el 45% de las mujeres también. Dichas cifras representaron un avance en cuanto al rechazo de la sociedad a la pena de muerte si se comparan con los resultados de una encuesta elaborada en 2013. En una encuesta realizada por Gallup, se descubrió que el 62% de los estadounidenses creían que la pena de muerte era moralmente aceptable, mientras el 31%, la consideraba moralmente incorrecta.

CONFLICTO LEGAL-ÉTICO

La cadena de negligencias cometidas en varias ejecuciones reabrió el debate nacional sobre el protocolo de la pena de muerte y la existencia de la misma como forma de castigo en Estados Unidos. Se está desarrollando en un escenario de conflicto social-ético-jurídico. El debate es marcado por la eficacia y transparencia de los fármacos empleados para las inyecciones letales, el porcentaje de reos condenados a muerte liberados, la probable inconstitucionalidad en los protocolos que se aplica en la pena de muerte, el presidente de la República, quien ha ordenado una revisión de los procedimientos de ajusticiamiento que siguen en 31 estados y la presión internacional.  Es probable que el tema de la pena de muerte vuelva a ser debatido en el Tribunal  Supremo. El Tribunal Supremo es la única corte establecida por la Constitución de los Estados Unidos, que posee la facultad de revisión judicial y la facultad de declarar inconstitucionales leyes federales o estatales y actos de los poderes ejecutivos federales y estatales. Sus decisiones no pueden ser apeladas.

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